De la neutralidad y la soberanía tecnológica

Neutralidad tecnológica es algo de lo que se viene hablando hace tiempo, y en particular ha sido uno de los conceptos "estrella" a la hora de criticar el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Economía de la República de Chile, Microsoft Chile y Microsoft Corporation.

Acá expongo algunos elementos que deben considerarse para no extraviar el rumbo; asumo que estamos siguiendo un rumbo.


La definición

En wikipedia se consigna que neutralidad tecnológica puede ser entendida de cuatro maneras:

• Como la igualdad de concurrencia de los proveedores ante el mercado de la Administración.
• La actitud, correctora, que debe tomar la Administración respecto de un proveedor que ha adquirido, respecto de la Administración, una situación privilegiada y de cuyos productos no podría prescindir sin arrastrar grandes costes.
• La posibilidad de un administrado-usuario-cliente de dirigirse a la Administración por vías telemáticas sin que le sea impuesta, de facto o explícitamente, ningún tipo de tecnología específica.
• Finalmente, neutralidad tecnológica también se usa como la característica de una ley que enuncia derechos y obligaciones de las personas sin disponer nada acerca de los medios tecnológicos necesarios para que se cumplan. Se trata de leyes que se desinteresan del marco tecnológico.

Del primer y segundo punto se desprenden las siguientes definiciones:

• neutralidad vertical, que describe la igualdad de concurrencia ante una necesidad que la Administración precisa solventar por medio de una adquisición a un tercero;
• neutralidad horizontal, que se refiere a que cuando el transcurso del tiempo ha traído como consecuencia un pronunciado desequilibrio y un determinado proveedor tiene a la Administración virtualmente cautiva de sus productos, la propia Administración, consciente de esta situación, debe adoptar una activa política de adquisiciones que favorezca alternativas, para evitar que se consolide el monopolio de facto.

En la práctica

Los proveedores de la Administración Pública apelan al principio de neutralidad tecnológica de manera ambigua, defendiendo sus respectivos intereses.

Por un lado, aquellos que desean entrar al mercado de los proveedores de la Administración Pública solicitan no hayan barreras de entrada respecto a las plataformas informáticas requeridas para prestar servicios. Es decir, apelan a la neutralidad horizontal; y a la necesidad, por parte de la Administración, de corregir-controlar la formación de monopolios.

Por otro lado, aquellos que han adquirido cierto poder de facto o influencia, debido a su marcada presencia en las tareas de la Administración, desean mantener sus privilegios y apelan a la neutralidad vertical. Es decir, el proveedor empoderado espera que el Administrador no tenga tratos preferenciales entre proveedores; en particular hacia la competencia.

Los administrados-clientes de la Administración Pública, por su parte, esperan poder acceder a las prestaciones de la Administración sin que deban cambiar la plataforma tecnológica que utilizan cotidianamente.

En Chile, esta última aseveración tiene cierto matiz que vale la pena comentar. Debido al escaso-nulo conocimiento informático que posee la mayoría de la población (la llamada brecha digital), mucha gente con acceso a computadores personales no sabe-entiende que está trabajando en una determinada plataforma-arquitectura. Son muchos los que creen que la computación se trata de un asunto de ventanas y que Windows es una parte integral del equipo ("hardware"). En este escenario, con un gran desconocimiento de las alternativas en materia de sistemas operativos, arquitecturas y plataformas informáticas, es muy difícil que la población pueda exigir el cumplimiento de un derecho tan básico como el de elección. Pudiéndose llegar al extremo que los usuarios encuentren normal que la Administración les imponga las aplicaciones computacionales de una empresa monopólica.

Afortunadamente, cada día son más los chilenos que entienden-conocen-han oído de alternativas informáticas y están dispuestos a defender su derecho de elección exigiendo a las Autoridades el cumplimiento de estándares internacionales, que les permitan acceder a los servicios ofrecidos por la Administración desde sus respectivas plataformas de trabajo.


Más allá de las buenas intenciones

Ahora bien, todo lo anterior dice relación con la administración de la tecnología, más que con la tecnología en sí misma.

Las preguntas son:

• ¿Son realmente neutras las alternativas tecnológicas?. Posiblemente aquella para construir un vaso sí, aquella para construir un avión de guerra ya no me queda tan claro. Tiendo a pensar que existen materias en que la tecnología no es neutra, ya que está íntimamente ligada a un objetivo estratégico.
• ¿Puede el Estado o la Administración Pública ser neutro frente a las diferenctes ofertas tecnológicas?, ¿Existen ciertos bienes sociales que por su carácter superior hagan que sea políticamente correcto no ser neutral en la adquisición de tecnologías?

Personalmente creo que el desarrollo tecnológico, la libertad de acceso a la tecnología, la seguridad de la información, la transparencia en los procesos administrativos y los costes asociados a la adquisición-producción de aplicaciones informáticas, entre otras, son razones suficientes para justificar una actitud estratégica no neutral por parte del Estado.

Por un lado, el uso de ciertas plataformas informáticas que no cumplen con los estándares internacionales, genera dependencia e incrementa los costes en el cambio a otra alternativa. Esto, a la larga, daña la libre competencia; afectando directamente el desarrollo de la industria local.

En segundo lugar, existen diferencias entre las necesidades de los particulares, empresas pequeñas, medianas y la gran empresa, incluso hay diferencias entre los distintos rubros industriales. Esto significa que cada cual debera escoger entre las distintas plataformas informáticas para dar respuesta a sus necesidades. El estado, por lo menos en lo que dice relación con la comunicación de los administrados con la Administración, debe procurar la interoperabilidad y compatibilidad de los sistemas. Un alternativa que no cumpla con este requisito debe descartarse en pro del sano funcionamiento de la economía y las relaciones entre los agentes sociales.

Además, la seguridad de la información administrada por la autoridad; en particular la de los ciudadanos, y la transparencia exigible a los procesos gubernamentales, requieren que las aplicaciones informáticas sean auditables y fiscalizables por cualquier ciudadano. Este requisito no se cumple cuando el código fuente de los programas no está disponible para todos. El que una aplicación computacional se comporte como una "caja negra" pone en riesgo la credibilidad de los gobiernos (imaginemos una elección cuyos votos son contados por un programa que no se puede auditar). De la misma forma, la incerteza del destino último de la información entregada al administrador por parte de los usuarios, merma la confianza en los procesos digitales.

Por otro lado, los costes asociados a la adquisición de sistemas operativos propietarios, aplicaciones de uso cotidiano (y su frecuente reemplazo), junto a la exigencia de equipos ("hardware") más costosos, genera barreras de entrada en los sectores económicamente más débiles de la sociedad; ya sean particulares, empresas pequeñas y medianas o escuelas y liceos. En Chile, esta situación ha generado una cultura que tolera la violación de las licencias con que son distribuidos los "softwares" propietarios.

Por las razones expuestas anteriomente, entre otras, es que la neutralidad tecnológica en la Administración Pública sólo puede referirse a la no imposición de plataformas, de manera implícita o explícita, a sus administrados. Es decir, al respeto de estándares informáticos, de manera que todas las plataformas computacionales puedan participar del proceso de transferencia-administración de la información en la esfera social.

En otros aspectos de la administración de la información, el Estado no puede elegir entre todas las alternativas presentes en el mercado, porque no todas garantizan la seguridad, tranparencia y eficiencia económica (análisis social).

Finalmente, vale la pena preguntarse, ¿Cuál debiera ser la actitud del Administrador Público frente a la ausencia de una determinada solución informática bajo estándar libre/abierto?

Debiera fomentar-procurar su desarrollo por parte de los agentes nacionales o internacionales competentes. Incluso subsidiando el desarrollo de manera parcial o total.